Informe de la Dirección de Violencia Institucional del Municipio

El director de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Quilmes, Walter Ormazabal, elaboró un informe que se transcribe a continuación:

DIRECCIÓN DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL, SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, MUNICIPIO DE QUILMES

El dia 8 de mayo del año 1987, tres jóvenes del barrio bonaerense Ingeniero Budge, llamados Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, fueron brutalmente asesinados por efectivos policiales de la Comisaría de la zona, mientras se encontraban conversando en una esquina.

Este hecho de gran conmoción social puso de relieve las lamentables prácticas en materia delictiva bajo la modalidad de “gatillo fácil”. Como correlato de ello es promulgada enero de 2013, la  Ley 26.811, cuyo artículo 1ero instituyó el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

En este orden de ideas, hablamos de Violencia Institucional para hacer referencia a un amplio conjunto de situaciones que, ejercidas desde instituciones públicas por medio de sus funcionarios/as, tienen como consecuencia la vulneración, detrimento y violación de derechos de las personas.

Si quisiéramos precisar las formas más graves que adoptan estas prácticas en la actualidad, haríamos referencia a que van desde detenciones arbitrarias, armado de causas, condiciones de detención con tratos inhumanos y degradantes. También en un sentido extremo en la pérdida de la humanidad en muchas prácticas que se desarrollan de forma sistemática y estructural (como acciones y omisiones) y tienen como resultado retardar, obstaculizar o impedir el acceso y garantía a los Derechos Humanos.

Asimismo utilizamos el concepto de Violencia Institucional para referirnos, en sentido amplio, a determinadas prácticas en las cuales es utilizada la fuerza y el poder como mecánica restrictiva y de vulneración  de derechos, garantías y/o libertades. En consecuencia, la violencia institucional, se caracteriza por impactar sobre personas y grupos de personas marcadas por determinadas singularidades como “la condición socioeconómica, el encierro, las afecciones en la salud mental, la edad, el género, la identidad sexual, la migración irregular, entre otros”. Las personas y grupos de personas que resultan mayormente victimizadas por éstas prácticas suelen encontrar numerosas restricciones para acceder a una protección efectiva por parte de la administración pública y acceso a la justicia.

Desde la órbita de la Dirección de Violencia Institucional, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos, brindamos acompañamiento y asesoramiento psicológico y jurídico en sede penal, de modo fundamental pero no exclusivo a víctimas de violencia ejercida por diferentes instituciones, públicas o privadas, y de delitos graves contra la vida o integridad personal. En estos últimos casos, el abordaje se realizó además a través de la presentación en los expedientes, bajo la figura de particular damnificado y con la modalidad de patrocinio jurídico gratuito.

En varias ocasiones, se reciben situaciones que traen familiares de personas privadas de su libertad. Muchas de estas cuestiones, tienen en consideración la escasa comunicación que existe entre los organismos competentes (defensorías, tribunales, juzgados, etc.) y las personas que acceden a esas intervenciones por parte del Estado. A su vez, en estos casos, se procede a tomar vista de la causa judicial, para luego dar una devolución a los familiares. Además, en varias ocasiones se mantiene entrevistas con el organismo, del cual se haya manifestado falencias, a los fines de trabajar en conjunto respecto de la misma. 

Asimismo, las malas condiciones de detención en cuanto a la falta de por ejemplo, colchones, alimentos, medicación, etc; el hacinamiento, y malos tratos son cuestiones mencionadas de modo recurrente por los familiares de personas privadas de su libertad. En estas circunstancias, se procede a articular con la Comisión Provincial por la Memoria y  con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires,  además de tomar contacto con cada uno de los actores del proceso.   

A su vez, se encuentra a disposición, y se lleva a cabo una constaste articulación, con el Consejo del Sitio para la Memoria Ex Centro Clandestino de Detención “Pozo de Quilmes” y su Comisión de Víolencia Institucional, que vienen trabajando también con situaciones de esta índole.

Paralelamente, en los casos en que intervienen los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil, la solicitud de intervención parte de las Fiscalías del Fuero, dado que sin representación propia, los familiares de la víctima no pueden ser parte del proceso. De esta manera, se busca garantizar el acceso a la justicia, a través de un acompañamiento integral y especialmente brindando una respuesta inmediata a la demanda espontánea de los damnificados a través del Estado Municipal.

Por otra parte, se han recibido también varias situaciones donde el eje se encuentra en  problemáticas de Salud Mental. Actualmente nos encontramos participando de reuniones mensuales, con diferentes actores en la temática, donde trabajamos objetivos y estrategias comunes para el abordaje de las situaciones que nos ocupan. En esta diversidad nos encontramos con frecuentes pedidos de internaciones involuntarias; vulneraciones en el acceso a la salud, entre otros.

Desde el espacio se contiene a las personas que, en su mayoría, llegan en estado de extrema angustia. Se utilizan herramientas de Primeros Auxilios Psicológicos, con los cuales se busca tranquilizar a la persona y pueda recibir la información pertinente de los posibles pasos a seguir. De este modo, la ficha de atención se encuentra esquematizada de modo que los profesionales que integran el equipo, cada uno desde su disciplina, puedan encontrar los elementos necesarios para un asesoramiento  adecuado, siendo el punto de partida de la intervención que en cada caso concreto se evaluará de modo integral.  

En todos los casos la atención es efectuada de modo integral y con perspectiva en clave de derechos humanos, impulsado muchas de las veces como ya se dijera, por la demanda espontánea de la comunidad, y orientado siempre a que la resolución del conflicto lo sea de modo transversal a través de la articulación con las distintas áreas y esferas del Estado en pleno.

La atención se realiza a través de la toma de entrevista con un profesional de la psicología y una del derecho. Los datos son cargados digitalmente a través de una planilla predeterminada al efecto, que es de uso exclusivo del personal del área y que incluye datos personales, motivo de concurrencia, asesoramiento/intervención y/o seguimientos y relevamiento socio ambiental.

            En lo que transcurre del año 2020 hemos atendido diversas situaciones de vulneración de derechos de personas en contexto de encierro, y de sus familias a quienes en los hechos se les termina extendiendo la condena.

            En su gran mayoría las falencias radican en la falta de comunicación con las Defensorías Oficiales, y en consecuencia falta de información respecto al proceso judicial; el trato a internxs y familiares en los lugares de detención; Las condiciones precarias en los mismos, con escasez alimentaria, elementos de aseo personal, ropa, colchones, entre otras.En materia de salud física y psíquica son reiterados los reclamos recibidos acerca de la falta de atención médica.

Las falencias descritas se han agudizado durante el periodo de cuarentena y su consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio, dado que el sistema judicial se encuentra laborando con guardias mínimas. Las situaciones que hemos tomado contacto con anterioridad a este periodo más las que hemos tomado contacto en el mismo, han sido canalizadas a través del diálogo y articulación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia fundamentalmente, asique como el asesoramiento vía telefónica y virtual en pos de brindar respuesta ante la demanda espontánea. 

Por último, es necesario destacar que la Dirección se encuentra en constante construcción, planteando nuevos objetivos a futuro y trabajando en objetivos ya planteados en este 2020. De esta manera, el trabajo en materia de prevención de la violencia institucional incluye diversos aspectos -ya mencionados en líneas anteriores- y principalmente apunta a:

  • Diseñar estrategias institucionales para que se garanticen los derechos de las personas;
  • Empoderar a las personas para que puedan conocer y ejercer sus derechos;
  • Fortalecer el rol de la justicia para sancionar a los/as culpables de este tipo de hechos y para reparar a las víctimas.

Por supuesto que es un largo camino por recorrer, y tenemos el deber ético y político de construir un presente y futuro más justo, teniendo Memoria por sobre todas las cosas. Para esto, es necesario trabajar en  conjunto todos y todas los/as agentes, funcionarios/as y autoridades públicas, que son quienes tienen la responsabilidad concreta de respetar, garantizar, proteger y velar por el real cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales.

Un pensamiento en “Informe de la Dirección de Violencia Institucional del Municipio

  1. Felicitaciones compañero Walter en educación SOS un ejemplo, en el gremio multiplicaste los afiliados con tu lucha, se harás lo mejor que puedas en tu puesto.

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