El Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio Quilmes del Honorable Concejo Deliberante solicita a la Sra. Intendente Mayra Mendoza, exija la renuncia de la Abogada Claudia Cesaroni, quien fuera designada mediante Decreto N° 3274/19  como “Directora General para la Prevención del Delito y Violencia” que depende de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Quilmes.

Motiva el siguiente pedido las preocupantes manifestaciones públicas que la citada funcionaria efectuara en su condición de Abogada Defensora de detenidos que se encuentran en el penal de Villa Devoto y que, por su intervención profesional, solicitan su excarcelación.

Como es público y notorio, el pedido de excarcelación de quienes se encuentran privados de su libertad con motivo del COVID-19, ha generado en la sociedad un profundo debate como así también miedo, disconformidad y múltiples opiniones referidos al tema.

Ahora bien, una cosa es la opinión que pueda tener cada uno de los ciudadanos al respecto y otra muy distinta es cuando quien ostenta un cargo público, específicamente como cabeza de un área destinada a la prevención del delito, es abogada defensora de los detenidos que piden su liberación.

Sabemos que el ejercicio de la profesión liberal de los abogados, en tanto no sea ejercida para accionar en contra de los intereses del Estado, no resulta incompatible jurídicamente para ejercer un cargo público.

Pero en este caso, más allá que pudiese incurrirse en tal previsión, no tenemos duda que existe, al menos, incompatibilidad ética y moral.

¿Qué seguridad pueden sentir los Quilmeños si la funcionaria responsable de la prevención del delito, es quien está bregando por la liberación de quienes ya fueron detenidos y cumpliendo condena?

En derecho todos sabemos que la mayoría de las posturas son cuestionables, dependiendo de la doctrina que se siga en cada caso. Ahora bien, lo que sí es inopinable y por tanto genera preocupación es que la posición públicamente expuesta de esta funcionaria, hace presumir cuál será la posición ideológica y jurídica en la que basará las políticas públicas que dentro de sus funciones le corresponda diseñar.

La sociedad demanda de la política, de los políticos y de los gobernantes, seriedad y responsabilidad siempre, pero en momentos de excepcionalidad, la exigencia es mayor.

Es por lo expuesto que es nuestro deber, como representantes del pueblo Quilmeño, exigir que la funcionaria sea apartada de su cargo.