La Justicia investiga un presunto caso de reducción a la servidumbre que habría afectado al menos a 13 chicos y chicas menores de 18 años que residían en un hogar de niños de Florencio Varela. La causa apunta contra dos mujeres, quienes habrían sometido durante un período prolongado a los menores a trabajos forzados y condiciones de vida incompatibles con su edad, su salud y su desarrollo.

De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, los chicos eran obligados a realizar tareas físicas pesadas y peligrosas, como preparar cemento, levantar maderas, piedras y otros materiales de construcción, hacer trabajos de albañilería, cortar cañas con machetes para construir cercos y cortar el pasto del predio.

También debían juntar en carretillas las heces y desperdicios de 31 perros y dos caballos, alimentar a los animales, armar bultos pesados y encargarse de la limpieza de las casas y del mobiliario del lugar. Según la investigación, todas estas tareas se realizaban sin supervisión adulta adecuada y bajo condiciones consideradas riesgosas para menores.

Las actividades se extendían durante toda la jornada e incluso hasta la medianoche, aun con lluvia o a la intemperie. Además, los menores habrían sido privados de alimento, expulsados al exterior durante jornadas de frío o durante la noche si se resistían a trabajar, y se les prohibía mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar para evitar que contaran lo que ocurría.

El expediente también señala que los chicos eran coaccionados para modificar sus relatos ante autoridades judiciales o de control estatal y que recibían golpes, en algunos casos con objetos contundentes, cuando se negaban a cumplir con las tareas.

Durante las inspecciones se detectaron situaciones de hacinamiento, suciedad, alimentación deficiente y falta de higiene, además de episodios en los que algunos menores dormían en colecho con perros. Según consta en la investigación, incluso cuando estaban enfermos eran obligados a continuar trabajando, sin atención médica y con asistencia irregular a la escuela, lo que afectaba directamente sus derechos a la salud y a la educación.

Sospechan de un encubrimiento

La investigación también avanzó sobre un presunto encubrimiento agravado. En otra resolución judicial se sostiene que dos funcionarias públicas de organismos de Niñez de la zona oeste del conurbano habrían ayudado a ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas antes de un allanamiento.

Según el expediente, las funcionarias habrían utilizado información reservada sobre medidas investigativas para advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes del procedimiento, con el objetivo de ocultar las condiciones reales en que vivían los menores. Además, se les atribuye no haber denunciado oportunamente hechos que ya conocían en el ejercicio de sus funciones.

Allanamientos y secuestro de pruebas

La causa avanzó con varios allanamientos en el lugar donde se habría producido la explotación, así como en domicilios de los funcionarios investigados y en sus oficinas, con el objetivo de rescatar a los menores, constatar las condiciones denunciadas y detener a los imputados.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares de distintas marcas —entre ellos equipos Samsung y Apple—, un disco rígido Seagate de 160 GB y documentación de interés para la causa, como legajos y otros registros relevantes para la investigación.

Los operativos fueron realizados por la División Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del subcomisario Matías Giménez, con apoyo de personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales de los involucrados y las condiciones en las que vivían los menores dentro del hogar.