Víctimas de gatillo fácil y la expulsión de inmigrantes

Familiares de víctimas de gatillo fácil, dirigentes gremiales, agrupaciones estudiantiles, de trabajadores y políticas rechazaron el decreto que permite la expulsión de inmigrantes a partir de una simple contravención  así como el intento de bajar la edad de imputabilidad. Sostienen que se criminaliza a la juventud y a otros sectores vulnerables para naturalizar la represión y luego aplicarla contra los trabajadores que salen a enfrentar las políticas de ajuste.
   Desde los primeros días del año el gobierno nacional y algunos medios comenzaron una nueva campaña para estigmatizar a los jóvenes y relanzar la discusión sobre la baja de edad  de imputabilidad. Los familiares y víctimas de la represión sabemos muy bien que cada vez que comienzan estas discusiones las llamadas fuerzas de seguridad se sienten más habilitadas que nunca para llevar adelante prácticas, como mínimo, abusivas. Así ocurrió por ejemplo cuando el (falso) ingeniero Blumberg presentó su paquete de leyes represivas, votado en el 2004 por el FPV a pesar de su oposición discursiva: los casos de gatillo fácil prácticamente se triplicaron. La mitad de los chicos de hasta 14 años son pobres y de los 15 a los 29 esta condición llega al 40%. Da la impresión que los sucesivos gobiernos consideran más necesario encarcelar o aniquilar a los jóvenes que revertir la situación material que atraviesan. Vaya como ejemplo la intención del gobierno nacional y municipal de abrir un predio de Gendarmería en la Ribera de Quilmes, justamente una de las zonas del distrito con mayor cantidad de jóvenes pobres.
    Al mismo tiempo la semana pasada, sin debate alguno, se emitió un decreto que permite la expulsión inmediata de inmigrantes por cualquier motivo legal y sin importar sus años de estadía en el país.  El argumento utilizado es una supuesta relación entre “inmigrantes y narcotráfico” falseada a partir de una manipulación de estadísticas. De esta manera se criminaliza en general a una parte significativa de la población argentina al mismo tiempo que se habilita la expulsión de decenas de miles de trabajadores, ya que no creemos que se les ocurra expulsar, por ejemplo, al terrateniente Joe Lewis, el amigo del presidente que intenta apropiarse ilegalmente de una parte significativa de El Bolsón. Y decimos esto porque, en esta reedición de la Ley de Residencia de principios de siglo XX, una simple contravención, como las que se aplican a las personas que trabajan en los talleres clandestinos impulsados por la miseria y no tienen documentación o por el simple hecho de salir a la calle a reclamar por sus derechos, puede ser utilizada para que una persona sea inmediatamente expulsada del país.
   La campaña y el decreto fueron acompañados también por acciones represivas concretas como las que sufrieron los obreros despedidos de AGR Clarín  y sus familias mientras defendían sus puestos de trabajo, una lucha que APOYAMOS Y LLAMAMOS A APOYAR. Situaciones similares sufrieron también los mapuches que defienden en la Patagonia sus derechos históricos y los manteros.
  Como familiares de víctimas de la represión, trabajadores y estudiantes rechazamos las campañas estigmatizantes contra la juventud y la pobreza, exigimos la anulación del decreto anti-inmigrantes, repudiamos la represión y denunciamos que el gobierno, con la anuencia del resto de los partidos patronales, intenta naturalizar la necesidad de reprimir para luego poder ataca las luchas de los trabajadores que enfrentan el ajuste, como ya ocurrió con los obreros de Clarín. Por este motivo llamamos a organizarnos y a movilizar para enfrentar este nuevo ataque contra los trabajadores y la juventud.
Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil policial; Madres de la Masacre de la Comisaría Primera; Liliana Cerviño, madre de Damián Rosende, víctima del gatillo fácil de Prefectura; Celia Cueto, Madre de Mauro Silva, víctima del gatillo fácil policial;  Sergio Scalea médico del Hospital de Quilmes Isidoro Iriarte; Marisa Damiani, Secretaría de Promoción Social y Turismo, SUTEBA Quilmes; Alan Pereyra, consejero estudiantil Departamento de Arte UNQ; Eugenia Lugones,  Consejera Superior electa  UNQ  ; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos; Secretaría de Género y Diversidad CECSEA UNQ; agrupación Marrón SUTEBA Quilmes; Pan y Rosas; JPTS; PTS
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